La Corte Atlántica de Arbitraje tendrá su sede en las instalaciones del Puerto de Las Palmas.
La Cámara de Comercio de Gran Canaria ha puesto en funcionamiento la primera corte de arbitraje de España especializada en conflictos marítimos y portuarios privados entre empresarios nacionales e internacionales, con la que pretende agilizar su resolución al margen de los tribunales.
El secretario general de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, confirmó la puesta en marcha de la Corte Atlántica de Arbitraje en la Jornada sobre el Potencial de Internacionalización de Empresas Portuarias, y anunció que podría estar funcionando en “15 o 20 días”.
Con sede en las instalaciones del Puerto de Las Palmas, cuenta con la incorporación de los órganos de arbitraje de Senegal, Mauritania, Marruecos y Cabo Verde y en breve, según anunció Padrón, incorporará a los de Guinea Ecuatorial.
El tribunal de arbitraje fue solicitado por los propios empresarios que operan en África occidental, al que podrán someterse voluntariamente. Al frente del mismo estará el ex viceconsejero de Justicia del Gobierno canario Francisco Rodríguez Batllori, quien lo califica de “fundamental para garantizar la seguridad jurídica del comercio con África“.
Por su parte, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, calificó de “magnífica” la creación de este órgano, al ofrecer una alternativa a la resolución del conflicto, de manera que evite a las empresas acudir a las cortes internacionales arbitrales.
La Corte Atlántica de Arbitraje otorgará seguridad jurídica para aquellos empresarios que operen en África occidental y a su vez permitirá liberar de estos litigios a los juzgados de lo Mercantil de Canarias, saturados como consecuencia de la crisis, al tener que atender numerosos concursos de acreedores.
El abogado Claudio Almeida ha señalado que un proceso de arbitraje se puede prolongar entre tres o cuatro meses, mientras que el judicial un año o más, así como que esta nueva corte está capacitada para asumir tanto asuntos de menor y mayor cuantía, lo que evita acudir a las cortes internacionales de Londres y París, así como a la de la Cámara Internacional de Comercio.
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